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Organización jurisdiccional del territorio vizcaí­no en los siglos XII-XIV (III)

Organización jurisdiccional del territorio vizcaí­no en los siglos XII-XIV (III)

Ordenación jurisdiccional del alfoz de Orduña3. CRECIMIENTO Y EXPANSIí“N.  LA LUCHA POR EL CONTROL DEL TERRITORIO

Una de las medidas puestas en práctica para alcanzar tal objetivo fue la compra de solares inscritos en su teórico alfoz. En 1329 la villa adquiere a los albaceas de un vecino de Orduña los labradores, solares y mortueros que aquél poseí­a en Albia, lugar situado en la anteiglesia de Abando y por tanto dentro de ese espacio teórico, carente de toda unidad polí­tica, que es el alfoz bilbaí­no. Una referencia que al mismo tiempo no viene sino a intensificar la imagen intrincada que de las jurisdicciones de la zona se vení­a realizando.

La segunda de las soluciones que amplí­an la capacidad polí­tica y el poder econó­mico de la villa es el privilegio, al que los señores sucesivos de Vizcaya, incluidos los reyes de Castilla a partir de Juan I, recurren en numerosas ocasiones para intensificar las relaciones comerciales de Bilbao, al punto de convertirse pocos años después de su fundación no sólo en el centro urbano más importante de Vizcaya sino en el puerto cantábrico de mayor relieve de la Corona castellana por tráfico comercial. Etapas fundamentales en este sentido fueron la concesión del privilegio de monopolio comercial dado por Marí­a Dí­az de Haro en 1310, que prohibí­a toda compraventa en el camino que va de Areta a la villa, ampliado en el último cuarto del siglo con la prohibición, sancionada por el futuro Juan I, que impedí­a la constitución de ninguna nueva villa en todo el territorio antes citado. A partir de ese momento, y gracias a tales impulsos, se detecta una evolución hacia un comportamiento más agresivo con las poblaciones circundantes por la posesión efectiva del territorio. La villa aprovecha así­ el privilegio como el medio más directo para lograr dos objetivos fundamentales.

3.1. Monopolios y agresiones comerciales

El primero radica en el sometimiento comercial de todo su entorno, llevando incluso más allá de su teórico alfoz (que incluye también la jurisdicción sobre las riberas de la rí­a hasta el mar, salvo el espacio reservado a la villa de Portugalete) tales pretensiones, para lo que deberá entrar en conflicto no sólo con el ámbito rural sino con otras estructuras urbanas que surgen en las proximidades –Portugalete (1322) y Miravalles (1375)–, anulando con ello las tesis que hablan de un marco de enfrentamientos interpretados exclusivamente sobre las variables campo-ciudad, dado que la villa, como una estructura más del sistema feudal, entra en conflicto con cual­quier elemento que se interponga a sus intereses sin importar los caracteres que lo identifiquen, intentando siempre ampliar el marco polí­tico que le garantice ejercer un dominio explí­cito sobre toda la red de intercambios de su hinterland económico.

Los privilegios ponen por tanto las bases a un enfrentamiento que las fuentes ilustran sobradamente en la segunda mitad del siglo xv. Así­, toda la ribera del tramo vizcaí­no del Nervión se convierte en un tablero de ajedrez en el que se juega la capa­cidad del concejo de Bilbao por mantener la letra de sus privilegios, impidiendo todo intercambio de mercaderí­as en cualquier punto geográfico perteneciente a su monopolio, aunque no siempre la victoria sonrí­a de forma total al centro más fuerte. En 1458 Arrigorriaga consigue una sentencia favorable del corregidor de Vizcaya por la que se regula la compraventa de provisiones en la anteiglesia, actividad comercial a la que Bilbao, lógicamente, se oponí­a por quedar inscrita en el ámbito privilegiado con el monopolio más de un siglo antes. Más allá de la casuí­stica que muestra este documento, resulta de particular interés al evidenciar la aparición en el litigio de procuradores de las anteiglesias de Abando, Zarátamo y Barakaldo, que muestran cierta actitud corporativista de la Tierra Llana al denunciar de forma conjunta los abusos de la villa bilbaí­na, que prohibe la “reventa de pan, vino y cebada y cuales­quier legumbre” en sus territorios jurisdiccionales, recordando que Bilbao no puede ejercer sobre ellos ningún derecho porque no le pertenecen, a pesar de que la antei­glesia de Abando, como ha quedado dicho, quede inscrita en su teórico alfoz.La colección de referencias y pleitos no sólo ocupa decomisos de pequeñas ven­tas, también se han documentado secuestros de naves atacadas por vecinos de las anteiglesias, que son utilizadas por Bilbao de forma ilegal, o, entre tantas otras, las descargas de sal llevadas a cabo por la anteiglesia de Barakaldo descubiertas y decomi­sadas por la villa, lo que no hace sino mostrar su objetivo de prohibir toda actividad mercantil ajena en las riberas de la rí­a, salvo el derecho reconocido en su jurisdicción a la villa de Portugalete. De igual modo dirige sus esfuerzos a proteger los intercam­bios que se realizan dentro de sus muros, tratando de impedir el acceso de foráneos al tráfico de pequeña escala con los productos más sensibles de su mercado, como por ejemplo el hierro: así­, a ciertos judí­os se les prohí­be directamente toda transacción, mercaderes de diferentes puntos de la pení­nsula italiana ven vetada la posibilidad de la saca de vena de hierro…

Todo ello escenifica un juego de intereses en los que prima el carácter proteccio­nista con el que todo centro urbano interpreta las transacciones económicas realizadas en su mercado, siempre combinado, además, con medidas monopolí­sticas ejercidas sobre su hinterland rural, que procura garantizar la supremací­a económica de la villa más allá de su estricto marco geográfico al disponer de las provisiones necesarias para equipar a las tripulaciones que, atracadas en sus muelles, relacionaban económicamente a Bilbao con la fachada atlántica europea, a través de un numeroso grupo de mercade­res bordeleses, bretones, ingleses, irlandeses y flamencos, o con los principales centros comerciales del Mediterráneo, representados por las ciudades de Génova, Florencia y Venecia. Y, cerrando un cí­rculo que explica por sí­ solo todas las actuaciones anteriores, aparece la necesidad de Bilbao de mantener un efectivo control de la ribera de la rí­a (como le era reconocido en la carta puebla) para garantizarse ese abastecimiento funda­mental que asegurase provisiones al importante número de comerciantes que llegaban hasta sus plazas, lo que a su vez obligaba a controlar las anteiglesias enclavadas en las mismas, forzando a las mismas a vender todo en la villa e impidiendo la descarga de artí­culos comerciales en ellas, pues se cercenaba un porcentaje de los derechos fiscales a los que tení­a acceso la villa, llegando al extremo de prohibir la saca de ví­veres para consumo personal a los vecinos de la misma que viví­an en los arrabales.

Si el caso de Bilbao es aquí­ el más complejo por la confusión de jurisdicciones que ofrece un término exclusivamente teórico, el ejemplo puede ampliarse a Bermeo, Lequeitio, Durango, Plencia y a cualquiera de las restantes villas y ciudades de toda Castilla. Este hecho permite inferir que los pleitos entablados por los centros urbanos con su entorno rural no pueden ser interpretados, como ya se ha indicado, a partir de las tensiones derivadas de la diversa naturaleza jurí­dica de ambas entida­des de población, diferencia entendida en muchas ocasiones como la fuerza que empuja de forma irrevocable al conflicto endémico, propio del choque entre dos sis­temas antagónicos. Más bien es la pugna por el control de las fuentes de riqueza dentro de un mismo sistema lo que lleva a las diferentes poblaciones a la lucha, ten­gan o no éstas idénticos caracteres jurí­dicos.

 

3.2. Intentos de expansión polí­tica

El segundo objetivo, directamente relacionado con el anterior, persigue la tra­ducción de esa superioridad comercial en la sujeción polí­tica de hombres y de tie­rras, que al mismo tiempo busca contraponerse a la capacidad polí­tica de las familias hidalgas de la Tierra Llana, para lo cual la aportación del señor de Vizcaya –interesa­do siempre en frenar ésta– resulta fundamental. Todo ello puede observarse clara­mente a través del estudio de la donación realizada en 1375 por el infante don Juan. En ella se otorga la vecindad en Bilbao a los labradores de las anteiglesias de Galdá­cano y Zarátamo y el control de los términos jurisdiccionales de las mismas al con­cejo bilbaí­no –salvo, una vez más, las tierras que fuesen patrimonio de las familias hidalgas–. Por otro lado se donan los labradores y términos de Arrigorriaga a la villa de Miravalles, fundada poco antes sobre el espacio que se vení­a anterior­mente reconociendo como monopolio comercial de Bilbao, que lógicamente protestó calurosamente tal fundación.

La historiografí­a ha encontrado la motivación para tales decisiones en el intento por parte del señor de Vizcaya de defender a los labradores y comerciantes que sufrí­an los excesos cometidos por la pequeña nobleza vizcaí­na, que intentaba paliar con robos, usurpaciones y desórdenes varios la caí­da de la renta feudal y la pérdida de poder polí­tico y económico provocadas por las carestí­as y desasosiegos propios de la crisis del siglo xiv. Ante tal situación, el infante-señor estaba obligado a buscar solu­ciones institucionales para poner freno a tales abusos. En esta clave han sido inter­pretadas las fundaciones y el avecindamiento de labradores de ciertas anteiglesias en las villas más próximas, como ha quedado de manifiesto a través del testimonio ante­rior, que tienden a reorganizar las partes más débiles de la población en espacios más seguros, así­ como a insertar en espacios institucionalmente diversos –las villas– tie­rras controladas ampliamente por las familias hidalgas.

A pesar de ello, una de las consecuencias directas que provocó tal reorganización fue la aceleración de las tensiones existentes entre los concejos urbanos y dichas fami­lias nobiliarias, que veí­an avanzar la jurisdicción de aquéllos sobre términos cada vez más amplios, convirtiéndose en serios competidores –sobre todo Bilbao– en la lucha por el control de unas rentas que aparecen cada vez más diversificadas al no quedar estrictamente basadas en la posesión eminente de la tierra, sino también en la activi­dad comercial, la producción industrial –sobre todo de hierro– o la adquisición de privilegios y cargos concedidos por la hacienda real, lo que a su vez provocó un cam­bio en la naturaleza de las relaciones entre los centros urbanos y el mundo rural viz­caí­no sin que por ello mutara la caracterización de tales relaciones, ya que el sistema feudal se mantiene inamovible63. Contemporáneamente, tales relaciones y conflictos permiten interpretar la naturaleza que en Vizcaya posee el proceso de señorialización documentado en toda Castilla durante el siglo mv, así­ como su intensificación a par­tir del ascenso al trono de la casa de Trastámara. En el Señorí­o, las protagonistas prin­cipales de tal proceso serán las villas que, como Bilbao o Miravalles, consiguen un aumento del número de labradores –mayor número de tributarios a encabezar en las partidas del pedido– así­ como un mayor peso polí­tico en el territorio.

¿Pero se puede sostener, como en estudios ya clásicos se ha hecho”, que el con­cejo actúe en estos casos como una institución señorial?, ¿que su proyección territo­rial y su actuación polí­tica y económica dentro del sistema feudal sean semejantes alas que realiza el estamento nobiliar como tal? Los ejemplos que han sido explicados hasta el momento nos muestran a las villas interesadas en aumentar, a través de una amplia panoplia de medios, su marco de intervención jurí­dica, polí­tica y económica, adoptando a veces estrategias que se asemejan a las utilizadas por la nobleza. Pero la gran diferencia que separa a este estamento del conjunto de villas y ciudades está en su identificación, a pesar de su heterogeneidad, como agente social especí­fico, defini­do por una serie de principios y de códigos reconocibles tanto dentro del grupo como fuera del mismo. No parece que esta opinión pueda extenderse o ser compar­tida por el sistema concejil, siendo éste un marco polí­tico perfectamente integrado en el sistema feudal, pero en el que conviven variadas fuerzas que actúan en su seno con el ánimo de ejercer su influencia para dirigir en beneficio propio la polí­tica del concejo. O aun, en un caso más claro, cuando su capacidad de actuación queda totalmente yugulada al caer en la dependencia directa de una familia señorial, como en el caso de los numerosos concejos convertidos en centros señoriales por las casas de Velasco, Ayala, Mendoza o Guevara.

En el caso estudiado pueden observarse las dos realidades apuntadas, tanto la lucha de los linajes en el marco de la polí­tica cotidiana del concejo, como el intento directo de conquista de un sistema concejil por parte de una casa nobiliaria. El pri­mero de ellos ilustrado a través de la influencia que en el gobierno de los concejos realizaron ciertos segundones de las familias hidalgas del territorio –un fenómeno observable desde el nacimiento de las villas, pero que alcanza su momento de máxi­ma expresión en los siglos XIV y XV–, y que en nuestro caso puede ser seguido a tra­vés de los pleitos mantenidos por las villas de Bilbao y Portugalete sobre el disfrute de los derechos de prebostazgo de las mercaderí­as descargadas en sus puertos, que no es sino un conflicto entre los linajes de Salazar y Leguizamón por el dominio de “una plataforma de control polí­tico envidiable para estas oligarquí­as”. No debe, por tanto, ser confundido como una actuación orgánica del concejo por el control de unos recursos necesarios para su crecimiento, sino como la acción singular de un miembro de su elite que piensa en el enriquecimiento de su propio linaje.

Por otro, el protagonizado esta vez sí­ por una de las casas nobiliarias más impor­tantes del reino, los Ayala, que somete –insatisfechos de las aldeas ya conseguidas en el siglo XIV- durante toda la segunda mitad del siglo xv a gran presión todo el territorio orduñés con la intención de obtener su dominio efectivo, actitud que fue creciendo desde unos primeros y tí­midos intentos de usurpación de términos hasta la ocupa­ción militar de la misma, dada la negativa del concejo a admitir la donación que de ella se hizo al mariscal de Ayala. Tal proceso muestra cómo el conflicto no puede ser considerado como una lucha intraclase –derivación lógica si se entendiese que la villa es en sí­ misma un señor–, ya que el señorí­o que ejerce Orduña sobre su territo­rio viene administrado por las fuerzas que cohabitan en el marco de relaciones cons­tituido por el gobierno concejil y no por una fuerza señorial equiparable al linaje de Ayala.

Tan sólo el detenido estudio de los mecanismos de relación creados por las eli­tes concejiles y los linajes del mundo rural podrán aclarar en gran medida el debate que sobre la identificación del concejo como institución señorial se viene sostenien­do desde hace ya algunos años. En todo caso, los dos ejemplos hasta aquí­ estudiados inducen a una interpretación del gobierno de la villa como un marco de relaciones de poder perfectamente inscrito en el sistema feudal, que ejerce –sí­– un señorí­o sobre una jurisdicción determinada, pero que en ningún caso puede ser entendido como una entidad señorial en sentido estricto, pues sus orí­genes, su evolución y su conforma­ción polí­tica se diferencian significativamente del concepto de señorí­o con el que habitualmente se reconoce a un linaje nobiliario.

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