La Aduana orduñesa

En 1599, la Aduana de Orduña (la que había en aquellos tiempos, no la de 1792), es la principal de todas las existentes en la zona, superando a las de Balmaseda, Laredo y Vitoria. Los productos que pasaban por ella eran fundamentalmente productos de importación, ya que los de exportación pasaban principalmente por el puerto de Santander, hasta que Bilbao aumenta el comercio de su puerto en detrimento de este último, con lo que se incrementó de forma espectacular la recaudación de la aduana orduñesa.

 Desde inicios del año 1700 comenzaron a dejarse sentir los esfuerzos de la monarquía española por materializar la unidad  nacional, los cuales impulsaron diversas medidas que afectarán directamente a Orduña, pues incluían el traslado de las aduanas al litoral (la de Orduña  la querían trasladar a Bilbao); el primer intento tuvo lugar entre 1717 y 1823,  y motivó en Bizkaia un agudo conflicto que tuvo como escenario los principales puertos costeros y también Orduña.

Las gestiones del Señorío para que se revocara la orden de traslado, culminaron en el decreto del Rey de 26-12-1722, por el cual se producía el retorno de las aduanas al interior, a partir del 1-1-1723.

En 1773 finalizaron las obras del “camino real”, carreteril, por la peña de San Bartolomé. Al aumentar el tráfico de mercancías, las instalaciones antiguas se vieron desbordadas. De ahí surgió la necesidad de contar con nuevas instalaciones donde pudieran realizarse los trámites fiscales de forma rápida y eficaz.

La ciudad ofreció uno de los mejores solares de que disponía,  donándole gratuitamente el ayuntamiento. La Hacienda Real construyó la nueva edificación, ocupando el lado Oeste de la plaza. Orduña cedió sus canteras, maderas y minas para la construcción de la misma.

Las medidas de la misma, en forma rectangular son de 47 por 34 m., necesitando una obra de abancalamiento para nivelar las diferentes alturas de las dos calles laterales. Además de los terrenos, Orduña ofreció a la Corona sus canteras, piedras, sillares y maderas, aprovechando las ruinas del castillo. Los costes de las obras corrieron por cuenta de la Real Hacienda.

Las obras comenzaron el 15-9-1787 y se terminaron el 31-12-1792. Su arquitecto más probable fue Antonio de Olaguibel. Las obras estuvieron dirigidas por Manuel Martín de Carreras.

El primitivo cálculo del arquitecto se cifró en un presupuesto de 753.900 reales de vellón.  En 1789 dicho arquitecto dice en una carta que con un millón no habrá bastante.

El edificio se compone de planta baja, entresuelo, piso principal y piso segundo, y como protagonistas de toda la obra, el pórtico de la fachada y su patio interior.  Destaca en la fachada principal el pórtico de 13 arcos de medio punto. En el interior del edificio existe un patio de grandes dimensiones.

Esta construcción acogió las instalaciones aduaneras por un corto espacio de tiempo; los conflictos bélicos del siglo XIX reconvirtieron este edificio repetidamente.

Más importancia que las anteriores tuvieron, a largo plazo, las medidas que, siendo respetuosas con el fuero, buscaban la unidad del mercado español, por la vía de la revisión del régimen de libre comercio. Dichas medidas establecieron un cerco arancelario en torno a las Provincias Exentas, con lo que los negocios de la burguesía vasca, hizo que una parte de ésta desease que sus productos no tuvieran en Castilla la condición de extranjeros, para lo cual reivindicaban el paso de las aduanas a la costa. Fue un proceso largo, cuyo desenlace no se atisbó hasta las primeras décadas del siglo XIX.

Los fueros fueron abolidos el 21 de Julio de 1876.

La invasión de las tropas francesas fue el primer caso en el que se usó este edificio con carácter militar; los forasteros, y posteriormente las tropas nacionales, se acantonaron en la ciudad, efectuando ciertas modificaciones de carácter militar.