El linaje de Ayala en Orduña

El origen de los intereses de la casa da Ayala en el alto Nervión quizá deban buscar­se en los cambios económicos que afectaron negativamente a las tierras alavesas en el si­glo XIII: Mientras el Señorí­o de Vizcaya conocí­a el nacimiento de la actividad comercial y ferrona, base del despegue económico en esa centuria, ílava experimentaba, en cambio, los primeros sí­ntomas de estancamiento; un estancamiento agravado sin duda por una emi­gración que reforzará la tradicional salida hacia La Rioja. La búsqueda de nuevos recursos justificará el desplazamiento por los valles de algunas de las familias protagonistas de los siglos XIV y XV vizcaí­nos: los Ayala pudieron ser una de ellas.

Pedro López de Ayala será una de las personalidades más destacadas de este linaje; Canciller mayor del reino, intervendrá activamente en las guerras y asuntos polí­ticos de los cuatro monarcas castellanos cuyo reinado vivió, en el siglo XIV. Inicialmente servidor de D. Pedro I, le abandonará en favor de su hermano Enrique de Trastamara. Posteriormente, con Juan I protagonizará misiones diplomáticas, y formará parte del Consejo de Regencia durante la minorí­a de edad de Enrique III. Como resultado de estas actividades D. Pedro –como muchos otros representantes de las grandes casas de la época– vio aumentar sus po­sesiones y rentas, y en ocasiones estas situaciones derivarán en un conflicto de intereses, enmarcables en las luchas que caracterizan la sociedad vizcaí­na bajomedieval. El empeño de los señores por aumentar sus fuentes de ingresos –en un momento en que éstos dismi­nuí­an notablemente– desembocará en una serie de conflictos entre señores y campesinos, entre señores y eclesiásticos, entre señores y mercaderes, al tiempo que tienen lugar con­tradicciones dentro del mismo grupo dominante, y que han dado en denominarse lucha de bandos. Los ejemplos son abundantes, y entre ellos la pugna entre D. Juan, hijo de Alfon­so XI, y el solar de Ayala, por las aldeas de Délica, Tertanga, Artomaña y Aloria, más la entonces aldea, hoy barrio orduñés, de Arbieto. D. Fernán Pérez de Ayala, padre del canci­ller, consideraba que las aldeas le correspondí­an, alegando que siempre las habí­an poseí­do sus mayores. Por su parte, el concejo de Orduña reclamaba su posesión; cuando el rey D. Alfonso dio la villa de Orduña al Infante D. Juan, el concejo se habí­a apoderado de ellas. La Chancillerí­a de Valladolid darí­a la sentencia el 14 de junio de 1380 por la cual Orduña debí­a restituir la posesión de las aldeas a D. Fernán, aunque el concejo de la en­tonces villa se resistió hasta que fue dada una nueva sentencia al 16 de mayo de 1391: definitivamente, las aldeas de valle son posesión del Canciller Pedro López de Ayala y de los que tuvieran después el Señorí­o de Ayala, aunque los vecinos de Orduña pueden cortar hierba y monte en dichas aldeas.

Con el nuevo representante de la casa de Ayala parecen crecer los intereses en el alto Nervión. El Señorí­o de Ayala, limí­trofe con el de Orduña, necesitaba de éste como paso obligado para acceder a la meseta. Además, desde 1257, la obligación de que todas las mer­cancí­as circularán por la villa les perjudicaba. Aprovechando la minorí­a de Enrique III, el canciller se convertirá en un importante punto de apoyo para el rey lo cual conllevará una serie de contrapartidas; a pesar que en 1392 una real cédula confirma los privilegios de Or­duña, el rey prometió a D. Pedro entregarle la entonces villa cuando le envió como emba­jador ante el Papa y el rey de Francia durante el Cisma de Occidente. La promesa, conoci­da por una cédula del rey católico, alude exactamente a la entrega de la villa de Orduña o de 1.000 doblas castellanas; de no cumplir su palabra en el término de un año, le autoriza­ba a tomar posesión de la villa como si efectivamente le hubiera sido donada. Pero la muer­te del rey hizo que nada de esto se llevara a cabo, como también dice la cédula, pero este compromiso se utilizará como argumento por parte de los herederos del canciller para ejercer sus derechos sobre Orduña.

El privilegio otorgado por Juan II, el 6 de febrero de 1430 a favor de Hernán Pé­rez de Ayala, su merino mayor de Guipúzcoa y de su consejo, alude a los «recados» que le fueron presentados, que contení­an que el rey Enrique, su padre, concedí­a a Pedro López de Ayala la entonces villa de Orduña, para sí­ y sus herederos. Si bien no se logra la posesión de la villa, Juan II, en esta ocasión, le concede un juro situado sobre las rentas de Orduña y Vitoria: 10.000 mrs. sobre las alcabalas de las aldeas de Vitoria, 4.000 mrs. sobre las es­cribaní­as de Vitoria, 10.000 mrs. sobre el pedido viejo que Orduña paga con la Merindad de allende Ebro, y 16.000 mrs. en todas las otras alcabalas de Orduña.

Un nuevo privilegio de Juan II concediendo a este noble otros 40.000 mrs. de renta anual y perpetua situados sobre las alcabalas de las villas de Tolosa y Segura –30.000– y sobre las rentas de Orduña –10.000 mrs.–, en 1431, nos da idea de la importancia de este linaje en la vida regia, así­ como de la insistencia que muestra en el asunto de la posesión de la villa de Orduña.

A mediados del s. XV el Mariscal D. Garcí­a López de Ayala conjugarí­a ambos facto­res para, por fin, lograr que Enrique IV le conceda la posesión de Orduña. Es posible que el mariscal no fuese ajeno a los graves problemas que la Corona tuvo con la nobleza cas­tellana, los cuales derivaron en generosas donaciones a los supuestos aliados de D. Enri­que. Por otra parte, D. Garcí­a será uno de los acompañantes del rey en su visita a Luis XI de Francia para solicitarle su intervención en el conflicto entre las coronas de Castilla y Aragón.

Pero pronto revocará el rey una donación que habí­a realizado presionado por las cir­cunstancias. En 1467 el concejo orduñés comunicaba su deseo de reincorporarse al Seño­rí­o de Vizcaya argumentando motivos económicos (60). Mientras Orduña formó parte del Condado contribuí­a con 10.000 mrs. de pedido forero, mientras que al verse obligados a tributar con la Merindad de Castilla la Vieja, no sólo habí­a de pagar las 45.000 mrs. que le correspondí­an sino que se quejaban de que se les exigí­a más.

El 27 de julio de 1467, un albalá de Enrique IV deja incorporada Orduña al Señorí­o de Vizcaya, ordenando que no pueda ser donada en señorí­o; la equipara así­ a las otras vi­llas vizcaí­nas, y deberá contribuir con 45.000 mrs. de pedido, los cuales se sumarán a los 10.000 de pedido viejo. Se exime a la villa del pago de alcabalas –impuesto castellano del que ya fue eximida en 1366– y enmienda la donación que hizo de ella al mariscal, apar­tando también de sus manos las aldeas del valle –Délica, Tertanga, Artomaña, Aloria y Ar­bieto–. Esta decisión podrí­a relacionarse con las contribuciones económicas realizadas por los orduñeses durante los difí­ciles momentos sufridos por el rey castellano, aunque también debió ser determinante el posicionamiento del mariscal al lado del Infante D. Alonso en la lucha de éste por el trono.

D. Alfonso, que se arrogaba el tí­tulo y funciones de rey premió su apoyo, –contravi­niendo lo decretado por su hermano– donando Orduña al mariscal. A pesar de que el Infante murió en 1468, algunos autores opinan que D. Garcí­a López de Ayala lograrí­a se­guir controlando Orduña a pesar de la oposición del rey D. Enrique, ya que mantení­a sus posiciones en el castillo, desde donde ejercerí­a su poder. Por lo tanto, el albalá antes mencionado, más que el fin de esta cuestión, no serí­a sino un episodio más en la larga pugna mantenida por Orduña por no desvincularse de Bizkaia, frente a la voluntad de quien que­rí­a retenerla bajo su señorí­o y dominio personal.

Fue durante el reinado de los Reyes Católicos cuando se solucionó definitivamente es­ta situación, no sin antes padecer la población orduñesa una serie de cambios de dominio, fruto de los titubeos de estos reyes. Estos se enfrentaban a problemas de mayor enverga­dura que les obligaron a tomar decisiones precipitadas y, en muchos casos, contradictorias; de ahí­ que en los primeros años de su reinado separaran y volvieran a vincular Orduña al Señorí­o de Vizcaya en repetidas ocasiones. Cabe señalar, por otra parte, que será durante el reinado de estos monarcas cuando le será concedido a Orduña el tí­tulo de «ciudad», por lo que a partir de este momento será así­ como la denominaremos.

Recién iniciado este reinado, el mariscal Ayala consiguió que Doña Isabel y D. Fer­nando le confirmasen como señor de Orduña y sus aldeas, aunque debido a las protestas tanto de la ciudad como del Señorí­o, la revocación fue casi inmediata.

La guerra con Portugal condicionó la voluntad de los Reyes Católicos para favorecer a determinados miembros de la nobleza cuyo apoyo veí­an necesario ante la conflictiva si­tuación. El mariscal comprendió que era el momento idóneo para lograr sus ambiciones y recurrió de nuevo a la primera que Enrique III hizo a Pedro López de Ayala para legitimar sus peticiones. El 6 de mayo de 1475 el rey Fernando firmaba la Carta de Donación de la ciudad a favor de D. Garcí­a, en la cual se instaba a los vecinos a aceptar al mariscal como señor, y a los alcaldes y oficiales que el impusiera.

La intromisión de Francia en la guerra a favor de Portugal agravó aún más la situación de los monarcas, en el sentido de que hizo aún más difí­cil la labor de equilibrar las fuerzas internas. Al dirigirse D. Fernando a Fuenterrabí­a aprovecho su desplazamiento al Norte pa­ra jurar los Fueros de Bizkaia, y la cuestión de Orduña fue ineludible. Representando a Or­duña se hallaba Ochao Sánchez de Orozco, Pedro Fernández de Arbieto, Pedro Martí­nez de Mimenza y Martí­n López de Aguiñaga. El mariscal no se hallaba presente, pero sí­ su hi­jo D. Fernando, que figuraba en el séquito del rey y apoyaba a su padre contra la ciudad. La situación era muy delicada: el apoyo de D. Garcí­a era muy importante para la Corona, pero el enfrentamiento con Francia hací­a el favor de Bizkaia muy valioso. Finalmente, el 9 de agosto de 1476 D. Fernando firmaba en Bilbao los privilegios y libertades de la ciudad, incidiendo especialmente en aquél por el cual se restauraba el carácter de mayorazgo. Es­to ocurrí­a 10 dí­as después de la jura en Guernica: en este paréntesis es probable que los viz­caí­nos presionasen al rey para que tomara esta decisión. Sin duda influyó además el hecho de que la armada vizcaí­na estuviese preparándose en aquellos dí­as para guerrear contra Francia.

Lo cierto es que, pasado un mes, D. Fernando renovó la merced al mariscal, acción que podrí­a parecer extraña si no advirtiéramos que estas fluctuaciones se debí­an a manio­bras polí­ticas obligadas por las circunstancias. En el mismo sentido, las buenas noticias en torno al enfrentamiento con Portugal volvió a cambiar el rumbo de las decisiones sobre Orduña. El 5 de diciembre de ese año de 1476, los Reyes Católicos firmaban la revocación definitiva del señorí­o conferido al mariscal D. Garcí­a sobre Orduña. En ella se autoriza a la ciudad a resistir por todos los medios si el mariscal se negaba a acatar la orden real. Nuevamente, la coincidencia temporal con una ofensiva francesa en el Norte nos hace pen­sar que las decisiones reales sobre Orduña tuvieron unas motivaciones ajenas a su preocu­pación por los intereses de sus habitantes; únicamente las necesidades polí­ticas impulsaron a los reyes, lo cual explica las contradicciones y titubeos aquí­ resumidos.

Una nueva cédula del rey Católico, de abril de 1477, demuestra que las sospechas de un posible desacato del mariscal eran fundadas. En ella se dice que D. Garcí­a y el Conde de Treviño están vendiendo bienes que pertenecen al vecindario y que tienen ocupada la ciudad; se dispone que nadie compre dichos bienes bajo severas penas.

Estas ventas se producí­an tras la ocupación violenta de la ciudad de Orduña por parte del mariscal D. Garcí­a de Ayala y Marí­a Sarmiento, su mujer, apoyados por el conde de Treviño; conocemos los hechos a través de la sentencia contra estos personajes pronuncia­da por el Corregidor a petición de Pedro López de Aguinaga, procurador de la ciudad. La sentencia fue dada el 27 de junio de 1477, hallándose en tribunal constituido en la aldea de Poza (hoy barrio de la Junta de Ruzabal), y en ella se obligaba a Marí­a Sarmiento y a su hijo Fernando a devolver los bienes robados y a reparar los daños, cuantificados en más de 20 millones de maravedí­es –más de 585.000 reales– para lo que se establece un plazo de 31 dí­as. Varias decenas de personas más, halladas culpables de varios delitos y robos, fue­ron condenadas a muerte junto con los personajes principales –el mariscal y el conde de Treviño– pero la Corte de Castilla nombró jueces especiales para dictaminar sobre esta cuestión, y la sentencia del tribunal de Poza debió quedar sin efecto. Mientras los jue­ces evaluaban los sucesos acaecidos, los Reyes Católicos impusieron una tregua; para ello fue necesario reducir a las gentes de Treviño apostadas en el castillo. El Corregidor Juan de Torres, con 500 ó 600 hombres mandados por el capitán Juan de Salazar, más la ayuda de la gente del entorno, principalmente de Losa, desalojó la fortaleza, que fue entregada a Fernando de Acuña para que la tuviese en tercera, por voluntad regia.

El rey D. Fernando, después de dictaminar los jueces contra los ocupantes de la ciu­dad y examinar las reclamaciones de la misma, despachó en Toledo una cédula, a 11 de fe­brero de 1480 tratando varios puntos: por un lado referí­a los motivos por los cuales se vio obligado a conceder al mariscal el señorí­o de Orduña, excusándose por ello. Por otra parte, afirmaba, tras examinar los privilegios ya concedidos a la ciudad, que quedaba de­mostrado el carácter vizcaí­no de ésta, por lo que la incorporaba de manera definitiva al se­ñorí­o de Bizkaia. Por último, concedí­a al mariscal y a su hijo la continuidad en la tenencia de la fortaleza de la ciudad; para mayor seguridad en el futuro, sin embargo, se exigí­a al mariscal su renuncia de los derechos sobre Orduña. El 9 de marzo de ese año, en Quejana residencia de los señores de Ayala– firmarí­a el mariscal un documento de renuncia re­dactado por mandamiento real; su mujer lo harí­a al dí­a siguiente en el castillo de Or­duña.

La reparación por los daños sufridos se establecieron de modo que quedaban muy le­jos de lo estipulado en la sentencia dada en Poza tres años antes. De los 20 millones de mrs. cantidad probablemente exagerada por los damnificados– se redujo la cantidad a 400.000 mrs., aunque debí­a añadirse que se devolverí­an los bienes ocupados. El conde de Treviño aportarí­a dos tercios de la citada cantidad; el resto, el mariscal y su hijo. Para ello contaban con un plazo de 10 dí­as, y en cuanto a los bienes, los vecinos tení­an licencia para recupe­rar lo que les pertenecí­a sin necesidad de mandamiento del juez.

Parece ser que el señor de Ayala cumplió lo que supuso su compromiso de renuncia, aunque pronto buscó el modo de hostigar al vecindario orduñés por otras ví­as. En su seño­rí­o y tierras limí­trofes –Orozco, Llodio, Oquendo, aldeas de Arrastaria, etc.– las querellas presentadas ante los alcaldes de estos lugares contra vecinos de la ciudad se sucedí­an sin cesar, hasta el punto que éstos expusieron ante la Corona su situación; se veí­an ahora «en mayor sujeción e trabajo» que si continuaran siendo vasallos del mariscal. El 20 de di­ciembre de 1480 la reina Isabel obligaba a remitir a su Real Consejo cualquier pleito entre el mariscal y la ciudad, impidiendo así­ la actuación de los alcaldes favorables al señor de Ayala, que podí­an perjudicar a los orduñeses en el proceso de administración de la justicia.

Llegamos así­ al final de un largo proceso de vinculaciones y desvinculaciones de Or­duña al Señorí­o de Vizcaya. Como apuntábamos al inicio de este capí­tulo, estos hechos no responden a decisiones arbitrarias de sus señores –desde 1382 los reyes castellanos serán los señores de Bizkaia–, sino que es necesario circunscribirlos a una serie de factores que afectan tanto a Orduña como a Bizkaia como al total del reino de Castilla.

Las relaciones entre el señorí­o y la Corona son fundamentales para entender este pro­ceso. Mientras Enrique III o los Reyes Católicos actúan más como reyes que como seño­res, los años que separan ambos reinados (aproximadamente entre 1400 y 1470) ocurrirá lo contrario, actuando Juan II o Enrique IV más como señores que como reyes; interviniendo más a nivel de administración del señorí­o que considerándolo un apéndice de un conjunto mayor. Los frecuentes conflictos civiles en la Corona de Castilla provocarán una demanda de fidelidades vasalláticas de los vizcaí­nos, vinculados a diferentes linajes de la nobleza castellana. La situación de ventaja o desventaja de la Corona marcará una polí­tica de do­naciones o revocaciones de mercedes que marcarán el aumento o disminución de tierras y rentas de estas grandes casas, siendo el caso de Orduña un claro ejemplo de los vaivenes que se ocasionaron en determinados territorios por este motivo.

Los Reyes Católicos se verán igualmente afectados por una inestabilidad que les obli­gará a continuar con esta lí­nea en la primera fase de su reinado, pero el afianzamiento fren­te a las fuerzas externas, y el papel controlador de los grandes linajes en la recta final de los conflictos bajomedievales, desembocará en una polí­tica centralista cada vez más inde­pendiente de la nobleza. La revocación definitiva de los derechos del mariscal Ayala sobre Orduña es una buena prueba de ello. El Cuerpo de Ordenanzas redactado en ese mismo año de 1480 supondrá un rechazo, por parte de la ciudad, de toda injerencia externa en el gobierno de la misma, haciendo referencia precisamente a las intromisiones de los linajes. Se trataba, por un lado, de no caer de nuevo bajo la órbita señorial de ningún gran perso­naje; por otro, de marcar las pautas de composición de un nuevo regimiento y de fortalecer la figura del alcalde como juez. Todas estas decisiones parecen ir encaminadas a iniciar una nueva etapa en la vida orduñesa, lejos de la subordinación a un señor demasiado cercano y opresivo. Pero sobre estos aspectos volveremos más adelante.

En la confirmación de los privilegios de la ciudad solicitada por ésta a los Reyes Ca­tólicos el 25 de julio de 1481 se puede entrever el temor de los vecinos ante una posi­ble venganza del señor ayalés u otro poderoso personaje con similares intenciones. En la confirmación, además de enumerar los méritos que habí­a hecho Orduña y los buenos ser­vicios prestados a la Corona, se menciona la tenacidad con que habí­an luchado los ordu­ñeses por deshacerse del invasor y recabar su vizcainí­a. Ambos aspectos confluyen en un mismo deseo: equipararse al resto de las villas vizcaí­nas, subordinadas a un lejano señor y beneficiarias de exenciones, situaciones ambas imposibles bajo el dominio del mariscal D. Garcí­a López de Ayala o cualquier personaje que lograse el señorí­o de la ciudad.

Esta cuestión queda así­ zanjada, aunque nuevos incidentes tendrán lugar durante la llamada guerra de las comunidades, asunto sobre el que incidiremos, sin embargo, en ca­pí­tulos posteriores, por adentramos ya en el siglo XVI.