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Orduña alavesa

Orduña alavesa

Plaza 1874“Do a Urdoña por mayorazgo de Vizcaya para siempre jamás que no se partan una de otra en ningún tiempo…”.

Esta es la rotunda expresión que aparece en la carta extendida en Vitoria por don Lope Dí­az de Haro, el 17 de junio de 1984. Sin embargo, la vinculación de la ciudad de Orduña al Señorí­o de Vizcaya sufrirá muy diversas vicisitudes durante los siglos XIV y XV, y no será hasta la época de los Reyes Católicos cuando se produce la unión de Orduña con el Señorí­o de Vizcaya de modo casi definitivo.

Y es precisamente del casi, de lo que se quiere hablar en este artí­culo. En efecto, en el siglo XIX existen dos momentos en la historia de la ciudad de Orduña en que ésta pasa a depender de ílava.

Trienio liberal

Durante el trienio liberal (1820-1823), se aprueba el 27 de enero de 1822 la nueva división territorial del Estado por provincia, división basada en los proyectos de Felipe Bouzá y que sigue el modelo francés de Estado centralista. La división aprobada habla de las provincias de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, y es precisamente en esta última donde se integra a Orduña. Hasta el derrocamiento del régimen liberal, la nueva configuración provincial se mantendrá vigente, pasando durante este tiempo a depender la ciudad de Orduña de la diputación vitoriana. Con la vuelta al status anterior al 27 de enero de 1822, se suscitan algunos problemas entre la ciudad y la Diputación alavesa, resolviéndose en una concordia firmada el 6 de noviembre de 1824, por la que Orduña pagaba a ílava 5.500 reales, de los 14.672 que en principio se exigí­an, en concepto del remate de la sisa de vino y licores del consumo de la ciudad durante el tiempo que permaneció en la provincia de ílava.

Desvinculación de Vizcaya en 1843

Mejor documentada está la desvinculación de 1843. Como es sabido, el 30 de noviembre de 1833 se aprueba la división provincial que, con breves retoques, existe en la actualidad. Al finalizar la guerra carlista, estando en la regencia el general Espartero, dicta una orden que afecta a la configuración territorial de ílava y Vizcaya. El 18 de mayo de 1843, el Gobierno Superior Polí­tico de ílava comunica al Ayuntamiento de Orduña el Real Decreto de 13 del mismo mes, por la que la ciudad de Orduña se agrega a la provincia de ílava y los valles de Oquendo y Llodio a la de Vizcaya. Tal decisión provoca la reunión del Ayuntamiento en Pleno el 23 de mayo, en la que ante la trascendencia del hecho se convoca Junta General para el dí­a 27 del mismo mes.

A esta Junta asisten, además del Ayuntamiento, 15 representantes de las calles, dos representantes de las cuatro aldeas (Lendoño de Arriba, Lendoño de Abajo, Medeica y Belandia) y 37 de los 45 particulares que habí­an sido previamente convocados. La decisión unánime es oponerse “por los medios posibles legales a la segregación de esta ciudad y sus aldeas de su provincia de Vizcaya e incorporación a la de ílava”. Igualmente, se acuerda enviar al regente del reino, Espartero, un escrito, dispuesto por el consultor del Ayuntamiento, en el que se razonan los motivos de la oposición a la agregación. (No deja de ser interesante analizar su contenido).

En primer lugar, se menciona la dificultad técnica de liquidar las deudas derivadas de la guerra carlista, máxime cuando Orduña habí­a sido cabeza de partido en materia de suministros.

Alegan después la comunidad de intereses que le ligan a Vizcaya y los ví­nculos “que engendra el provincialismo, especialmente en estas provincias, que se pierde en la historia de los tiempos”. Un prurito de orgullo se aprecia en el siguiente argumento al aclarar que “no se trata de segregación de una aldea, de una villa, sino de toda una ciudad con sus cuatro aldeas” y que aclaman es “ciudad única que ha tenido Vizcaya”.

Dejan para el final el argumento que puede ser considerado como más decisivo: La voluntad de los orduñeses es mantenerse en Vizcaya, ya que la resolución ha “disgustado unánimemente a todo el vecindario”.

Insistiendo en que “es necesario se tome en consideración los deseos de este vecindario”.

Por su parte, la Diputación de Vizcaya interviene en el asunto, exponiendo ante la Secretarí­a del Estado los múltiples inconvenientes que la segregación acarrea.

La Diputación de ílava, que también protesta la reforma de la demarcación territorial provincial, comunica al Ayuntamiento de Orduña la creación (con la ciudad de Orduña) del decimocuarto distrito electoral alavés.

Siguen las gestiones de los corporativos orduñeses contra la Real Orden, y el 5 de julio, al tiempo que vuelven a pedir la incorporación de la ciudad a Vizcaya, nombran a José Echevarrí­a Puerto representante municipal para realizar todas las diligencias encomendadas a este fin. Doce dí­as después, la Junta General de Vecinos, a través de sus representantes elegidos por las calles, decide no obedecer ninguna orden que emane de la Junta de Gobierno de ílava.

Es interesante observar cómo los vecinos de Orduña aprovechan la coyuntura polí­tica del momento. Espartero, regente desde 1841, ve declinar su poder y en mayo de 1843 se inició un levantamiento contra su persona que le obliga a embarcarse a Londres el 30 de julio. Pues bien, en la reunión vecinal del 18 de julio ya se califica de ex regente a Espartero, y se indica que si “no resolviese la Junta de Bilbao la agregación de esta ciudad a Vizcaya, quede esta ciudad independiente hasta que se instale el Gobierno que la nación ha de darse y que las Cortes lo manden”.

De esta misma Junta General de Vecinos, surge un nuevo escrito dirigido a la Junta Superior del Gobierno de Vizcaya, en le que, junto con los argumentos ya expuestos anteriormente por la ciudad para oponerse a la segregación, se expone un motivo más, cuya importancia no puede pasar desapercibida: “Los alaveses -dicen- están sujetos por su legislación a contribuciones, derramas y estancos: Los vizcaí­nos son libres de tales gavelas (sic)”.

Entre tanto, las Juntas de ílava y de Vizcaya acuerdan la vuelta de la ciudad al Señorí­o y de Oquendo y Llodio a ílava, lo que provoca la respuesta del Gobierno del Estado a través de una Real Orden de 17 de agosto en la que se insiste en la agregación de Orduña a ílava.

La respuesta a Orduña como en anteriores ocasiones no se hace esperar, y se vuelve a convocar Ayuntamiento general.

La oposición a las órdenes gubernamentales en forma de exposición, se fundamenta esta vez en los derechos que la Constitución y especialmente la ley de 25 de octubre de 1839 contiene. Para los orduñeses esta ley se hizo en conformidad del -por ellos llamado- célebre pacto de Vergara, y en consecuencia la división territorial no puede resolverse por una simple decisión ministerial. Se nombra en este acto otra vez a José Echevarrí­a y Puerto comisionado con amplias facultades para reclamar ante el Gobierno los derechos de la ciudad.

Echevarrí­a va a Madrid y con fecha de 4 de agosto (sin duda se trata del 4 de setiembre, ya que el poder otorgado por la ciudad no es sino del 28 de agosto), escribe un carta al sí­ndico procurador general orduñés en la que expone su llegada, las gestiones realizadas solicitando una audiencia al Gobierno e indicando su prevención ante la situación, “nunca debemos confiar en palabras cortesanas”.

El 6 de setiembre vuelve a escribir al Ayuntamiento informando sobre su audiencia en el Consejo de Gobierno, la defensa que se hizo de la vinculación de Orduña a Vizcaya y la actitud de ciertas personas. Echevarrí­a se muestra preocupado al constatar que “tenemos enemigos muy poderosos y vigilantes, lo que me hace estar muy dudoso”.

Al final de la carta, sin embargo, se manifiesta que el Gobierno provisional ha tomado en consideración lo expuesto por la Diputación de Vizcaya y la ciudad de Orduña.

Escribe Echevarrí­a:

“Son las doce de la noche. Acaba de resolverse nuestra pretensión favorablemente. Somos vizcaí­nos”.

José Ignacio Salazar Arechalde

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